Corte de Iquique rechaza recurso de protección por adelanto de temporada de pesca de bacalo

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso de protección presentado por pescadores artesanales del extremo norte, en contra de la dictación de dos actos administrativos que inciden en los períodos de captura durante de la especie bacalao de profundidad.

En fallo unánime (causa rol 584-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Pedro Güiza Gutiérrez y Rafael Corvalán Pazols– rechazó la acción cautelar presentada en contra de las resoluciones dictadas por el ministro de Economía y subsecretario de Pesca y Acuicultura que, entre otras medidas, disponen el adelanto de la segunda temporada extractiva del recurso del año.

“Dicho así, no se divisa cómo podrían los recurridos haber vulnerado las reglas legales que se dicen infringidas, si las resoluciones cuestionadas, acompañadas a los autos, contienen un desarrollo armónico, explican detalladamente sus basamentos legales y reglamentarios, explican la norma vigente para el año 2019 y las actuales directrices debido a la contingencia del COVID 19, que importan una flexibilización de las temporadas extractivas para brindar condiciones más adecuadas en las operaciones, aludiendo a las solicitudes de organizaciones de pescadores que pidieron adelantar la segunda temporada, citando el informe técnico de la División de Administración Pesquera de la Subsecretaria del ramo, mencionando incluso que se comunicó previamente al Comité Científico Técnico de Recursos Demersales de Aguas profundas, para proceder, al concluir, con la única determinación de adelantar la fecha del segundo período extractivo de la especie de que se trata”, establece el fallo.

La resolución agrega que: “En directa relación con lo anterior, debe consignarse además, que la parte recurrente, en su alegato, sólo reiteró el contenido del recurso, más no analizó los descargos de su contraparte ni la documental ofrecida, menos aún señaló alguna disposición legal o reglamentaria que obligara a los recurridos a seguir el criterio de uno, varios o todos los asistentes convocados al consultivo de manejo, razones por las que en definitiva, despejada la arista de la ilegalidad, por no existir acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, vulnerador de uno o más preceptos normativo obligatorios, resta hacerse cargo de la arbitrariedad”.

“Sobre este punto quizás sólo basta señalar que para que pueda prosperar una acción cautelar de esta naturaleza se requiere que la acción u omisión sea producto del mero capricho, es decir, ausencia de razonabilidad, y en este sentido claramente ambas resoluciones impugnadas no se advierten irreflexivas, por el contrario, en caso alguno consta que los actores de protección hubieren estado ausentes del proceso o ronda de conversaciones sobre el cambio solicitado, dicen haber asistido y expresan que no se produjo consenso; tampoco consta que no se haya estudiado desde el punto de vista técnico la situación, ya que se adjuntaron los antecedentes respectivos; también aparece que se efectuaron comunicaciones posteriores, desprendiéndose en consecuencia que el planteamiento obedece a una discordia entre la posición mayoritaria y los recurrentes, que hubo de zanjar la Autoridad en una forma con la que no se conformaron los actores”, añade.

Para el tribunal de alzada: “(…) dado que la decisión no comprendió la cuota anual de captura, sino sólo la época de su segundo período, los recurrentes no discutieron la facultad legal para obrar como lo hicieron los recurridos, ni la efectividad de haberse accedido al cambio de acuerdo a los ruegos de la mayoría de los interesados, y no habiéndose explicado por los actores cómo es que la pesca efectuada por los trabajadores de la Macro Zona Centro Sur pudiera generar un contagio mayor de COVID 19 a la población de la Región de Tarapacá, la acción se desestimará”.

En la causa, el tribunal dispuso el alzamiento de la orden de no innovar decretada el 13 de agosto pasado.