Proposiciones progresistas de bienestar social en la pandemia y siempre

El ocaso político de Piñera es irreversible porque ha perseverado en hacer caer el costo de la crisis en los hombres y mujeres de trabajo.

I – El endeudamiento no es el camino para enfrentar los impactos económicos y sociales de la crisis

  1. El Presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de medidas para la “clase media” en el contexto de la pandemia de la COVID– El plan incluiría cuatro medidas: un préstamo solidario del Estado; la postergación del pago de dividendos de créditos hipotecarios con garantía estatal; la ampliación del subsidio de arriendo para la clase media y del crédito con aval del Estado para la educación superior.

Sostenemos que las proposiciones son insuficientes en su impacto y no se hacen cargo de los efectos de la crisis económico–social en curso en los grupos de ingresos medios. Ello, entre otras cosas, porque son tardías respecto de la etapa de la evolución del ciclo recesivo hoy en desarrollo, y además porque están completamente determinadas por la lógica del endeudamiento, el cual ha sido uno de los rasgos principales que han definido el modelo económico del país.

  1. El sobreendeudamiento existente en las personas y familias del país, que impacta en forma transversal en todas las dimensiones de la vida, es un problema de enorme gravedad, que no se puede resolver por la vía del incremento del endeudamiento, al margen de las condiciones de flexibilidad que se propongan.

Ello, ha sido el resultado de que el endeudamiento se ha expandido en tres dimensiones en las tres últimas décadas: el incremento del poder de compra para el consumo; la deuda como inversión en educación con la introducción del Crédito con Aval del Estado (CAE); y la deuda como una extensión del salario para la resolución del acceso a la alimentación y los bienes esenciales en los grupos sociales más vulnerables.

Los instrumentos de endeudamiento han devenido en una estrategia que permite a los hogares maniobrar las diferencias entre el costo de la vida y los ingresos percibidos. Es una estrategia práctica de administración de la economía doméstica que busca mantener a los acreedores medianamente satisfechos (por ejemplo, sin cerrar las fuentes para el crédito) y sostener un nivel de vida básico. Este es el popular “bicicleteo” que las familias realizan para sostener su economía doméstica, y que atañe a un uso normalizado del crédito, que deja de pensarse como inversión y comienza a adquirir el estatus de una cuenta “básica”, un costo regular de la economía del hogar.

El Informe “Cuentas Nacionales por sector institucional: Evolución del ahorro, la inversión y el financiamiento sectorial en el primer trimestre de 2020” del Banco Central, señala que la deuda de los hogares chilenos escaló al 75,4%. Se ha reportado una cifra récord de endeudamiento de las familias, calculada solo hasta marzo pasado y según el porcentaje de todo el ingreso disponible. Consigna que “los Hogares registraron un deterioro de su riqueza financiera neta, medida como porcentaje del ingreso disponible, por el menor stock de los fondos de pensiones, acorde con el rendimiento negativo de bolsas locales y externas en el período”. A nivel del país, equivale al 52% del Producto Interno Bruto.

En un contexto de crisis sanitaria y de la fuerte incertidumbre económica que atraviesan los hogares, es plausible pensar que esta carga económica se irá profundizando. A pesar de los créditos y subsidios económicos que se han propuesto para ayudar a las familias a sortear la crisis, esas ayudas no consideran adecuadamente todos los gastos que los hogares deben realizar mensualmente para poder responder a sus compromisos financieros.

No hay duda que la perseverancia del Gobierno de Piñera en construir respuestas a la crisis desde la perspectiva de hacer recaer los costos en los hombres y mujeres de trabajo, es la clave explicativa de la resolución adoptada por la Cámara de Diputados, en el sentido de aprobar el proyecto de retiro del 10% de fondos de las AFP. Ello ha significado, sin duda, el ocaso político terminal de Piñera.

II – Proposiciones Progresistas frente a la crisis: Derechos Sociales Ahora y Siempre

Frente a ello, proponemos el diseño y puesta en marcha de un Plan Nacional de Bienestar Social frente a la Pandemia:

  1. Promulgación con suma urgencia de un Fondo Colectivo y Solidario de Pensiones

Desde la perspectiva de soluciones de la crisis social y económica, la promulgación de la ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP sería una contribución sustantiva para que la población logre fondos para solventar ciertos gastos urgentes. Esta propuesta, en las actuales condiciones del sistema, podría generar bajas en las pensiones producto, por un lado, de la disminución de los fondos personales al retirar el 10% o incluso más en aquellas personas que tienen menos de 10 millones en su cuenta y, por otro, a raíz de la baja en el valor de las inversiones que afectaría las pensiones de las personas.

Frente a todo ello, se hace urgente diseñar y promulgar el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, contemplado en la reforma constitucional en tramitación. Por cierto, no puede ser una inyección de dinero a las AFP, sino una garantía del Estado a las pensiones de las personas próximas a jubilar, que establezca y garantice un mínimo digno para aquellos que abandonen la actividad productiva.

A nuestro juicio, a través del financiamiento progresivo de complementos originados en el Estado y los empleadores se debieran compensar las eventuales disminuciones a raíz de los actuales retiros, sobre la base de establecer una Pensión Básica Universal, equivalente al Salario Mínimo Garantizado, financiado de manera tripartita, con contribuciones del poder del Estado, el trabajador y el empleador.

Pensamos que el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones debiera coexistir por un período de tiempo con el sistema de capitalización individual y generar las bases para lograr el restablecimiento progresivo de un Sistema de Seguridad Social. Ello, en coherencia con lo que dispone el Artículo N° 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

  1. Enfrentar el endeudamiento y la disminución de ingresos con el poder público

a) Reivindicamos el planteamiento de una Renta Básica Universal: una política pública de transferencia monetaria directa a la población, con criterios de amplitud y solidaridad, la que debiera extenderse más allá de la pandemia. En lo inmediato, para el contexto de la emergencia, debiera contemplar un monto de a lo menos 400 mil pesos; extenderse al conjunto de las familias que no tengan ingresos del trabajo en el mercado formal e informal; y bajo el criterio de línea de la pobreza por grupo familiar.

Considerando lo más probable es que el ciclo recesivo se extienda más allá de la resolución de la crisis sanitaria, es fundamental el desarrollo de planes de largo aliento para el apoyo de los sectores informales y más vulnerables del mercado de trabajo, a través de propuestas redistributivas como la Renta Básica Universal, que además de enfrentar la expansión de la pobreza, permitiría sostener niveles de demanda en tiempos de recesión.

En este contexto, planteamos abrir el debate sobre la necesidad de implementar programas de Renta Básica de carácter permanente, como los Programas de Transferencia Monetaria Condicionadas.

b) Proponemos prohibir el registro de las personas, así como de las pequeñas y medianas empresas, en el Boletín Comercial, a raíz de deudas que se pagaban regularmente y que producto de la disminución de ingresos por la pandemia se dejaron de pagar. Pensamos que es indispensable además que se prohíba en favor de las personas el cobro de multas, intereses, gastos de cobranza judicial y extrajudicial, y llamadas de cobranza, durante el período del estado de excepción de catástrofe por la COVID–19, estableciendo un plazo que debiera prolongarse, a lo menos, desde marzo de 2020 y durante un año.

Ello, en lo que se refiere a las personas que hayan caído en mora o retardo en los siguientes casos: pago de los dividendos de los créditos hipotecarios otorgados por bancos o entidades financieras; pago de cuotas de créditos de consumo que se hubieran otorgado por bancos, casas comerciales y entidades financieras; y pago de servicios domiciliarios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería, telefonía e internet.

Es necesario consignar que la existencia de morosidades ha impedido en gran medida el acceso de los pequeños y medianos emprendedores a beneficios del FOGAPE.

c) Señalamos que es imprescindible disponer el congelamiento de pago a todo evento de los dividendos de créditos hipotecarios. La postergación del pago del dividendo no puede circunscribirse sólo hasta seis meses, como ha sugerido el Gobierno, sino extenderse a la totalidad de la crisis pandémica y tampoco puede estar condicionada a no tener una mora superior a los 29 días, debiendo contemplarse a lo menos desde marzo del año en curso, en el marco del comienzo de la pandemia y del estado de excepción constitucional. Ello, para inmuebles de menos de 7000 UF.

De la misma forma, proponemos se congele el pago de cuotas de créditos de consumo que se hubieran otorgado por bancos, casas comerciales y entidades financieras; y el pago de los servicios básicos domiciliarios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería, telefonía e internet. En ambos casos, también por el período que se extienda la crisis por la COVID–19.

d) Proponemos se disponga la interrupción de los remates de viviendas por parte de la banca privada, mientras se extienda la pandemia, a lo menos hasta enero de 2021, los que han continuado ocurriendo incluso en las circunstancias de cuarentena. Ello ha provocado que un porcentaje importante de personas pierda su casa producto de la disminución de los ingresos por la crisis y que, además, tampoco pierda su condición de deudor porque la enajenación de la vivienda embargada por lo general no resuelve el monto total de la deuda hipotecaria.

e) Proponemos también la ampliación, en cobertura y en monto, del subsidio de arriendo para la “clase media”. La medida propuesta por el Gobierno de Piñera es una ampliación del actual subsidio de arriendo clase media, el que aportaría hasta 150 mil pesos durante tres meses para arriendos de hasta 400 mil pesos.

Pensamos que el nivel de subsidio resulta completamente insuficiente para la realidad social de la población. Proponemos un subsidio de arriendo de un 40% a un 60%, según la reducción de un 30% o más del sueldo, para los arriendos igual o menor a 500.000.

f) Estimamos fundamental la ampliación de la cobertura de la gratuidad de la educación superior para el 2021 hasta el octavo decil, congelar el pago del CAE, condonar el reintegro de cuotas de becas y en general condonar las cuotas de morosidad que se generaron en estos meses de crisis económico–social.

En lo inmediato, proponemos que se asuman las propuestas de abrir un nuevo período de postulación a beneficios estudiantiles (gratuidad, créditos y becas), el que concluyó el 27 de marzo, considerando que la situación socioeconómica de un porcentaje significativo de los estudiantes cambió con la irrupción de la crisis de la pandemia; aumentar la cobertura de la gratuidad en al menos un año por sobre la duración nominal de las carreras; y que el año académico 2020 no sea considerado para cálculo del avance curricular de los estudiantes beneficiarios de gratuidad y beneficios, para efecto de la pérdida de estos beneficios.

g) Proponemos que se active el uso del gasto del 2% constitucional del presupuesto de libre disposición del Presidente de la República, para ser destinado a la inversión pública expansiva para la generación de nuevos empleos y contribuir de esa forma a la reactivación de la actividad económica.

h) Proponemos un Plan de Créditos Sociales para PYMES a una tasa 0%: un fondo para la reactivación de 2.5 mil millones de pesos para las microempresas, que sea ejecutado a través de BancoEstado, CORFO u otras agencias del poder público, excluyendo en forma expresa a la banca privada y el establecimiento de requisitos de entrada restrictivos, que soslaye los niveles de impacto de la crisis económica sobre los pequeños emprendedores, con escasa o nula liquidez y elevados niveles de endeudamiento. Hoy existen unas 680 mil microempresas que están viviendo las consecuencias de la crisis económica, generando un impacto violento sobre el empleo y el conjunto de la actividad de la economía.

Se requieren transferencias monetarias con condiciones especiales que permita financiar las operaciones y la inversión producto de la merma de ingresos, lo que supone reducir las barreras de acceso del análisis de riesgo financiero propio de la banca privada, que dejaría fuera del acceso a buena parte de los potenciales beneficiarios. Ser requiere un crédito con bajas tasas de interés, amplios plazos, con o sin deuda previa, con o sin bancarización, sin la intermediación lenta y especulativa de la banca privada.

Ello es posible sólo si es entregado por el Estado, con enfoque centrado en la reactivación de la economía y también en la recuperación posterior.

Finalmente: Es evidente que una condición básica de viabilidad de las proposiciones que se han planteado es un Estado con fortaleza y capacidad, presente y proactivo, pero también es indispensable la solidaridad. En este sentido, respaldamos la iniciativa legislativa hoy en tramitación para un impuesto a las grandes fortunas. Un elemento tributario esencial para la emergencia y la recuperación debe ser el establecimiento de una sobretasa elevada a las rentas excesivas por encima de un umbral. Ello es condición necesaria para que el Estado tenga recursos necesarios para que se enfrente la crisis, sin dejar a nadie en el abandono y sin que la crisis sea pagada por los hombres y mujeres de esfuerzo y trabajo.