Organizaciones de Chile firman pacto social “Por la vida, contra el hambre y la cesantía”

Emulando el pacto político realizado el pasado 15 de noviembre en plena “Crisis de Octubre” entre los representantes de los partidos políticos de Chile denominado “Pacto por la paz social y una nueva Constitución”, este 26 de mayo ciudadanos independientes, de organizaciones sociales y comunales, y algunos sectores políticos firmaron el “Pacto por la vida y contra el hambre y la cesantía”.

El denominado Pliego Popular señala que:

La Pandemia COVID-19 ha venido a agravar el déficit de seguridad social y sanitaria y amenaza con una fuerte recesión económica que golpeará a quienes menos tienen. Chile entra a este escenario habiendo denunciado y exigido, con especial intensidad desde el 18 de octubre del 2019, cambios estructurales que debían transformar las bases sobre las que se sostiene el sistema de concentración de la riqueza y de desigualdades.

La crisis está siendo enfrentada en los términos de ese modelo ya rechazado por la ciudadanía, con sus consecuencias previsibles: la mayor parte del costo de la emergencia está cayendo sobre los trabajadores y trabajadoras y las pequeñas y micro empresa. Son las consecuencias de una política monetarista de contención del déficit fiscal y del endeudamiento público más que de protección de la vida de las personas y la posibilidad de que las pequeñas empresas sobrevivan hasta el final de la crisis sanitaria.

El gobierno dispone del 2% del gasto presupuestario total para enfrentar la emergencia. Sin embargo, ha gastado 170 millones de dólares en el Bono Covid de apenas $ 50.000. La aprobación de la renta de emergencia ha sido tardía y de un monto irrisorio, que obliga a nuevos anuncios para complementarla. Esa renta de emergencia implicará recursos por US$ 830 millones. Esta política no solo genera hambre en la población, sino que prolonga la crisis sanitaria, al obligar a salir a buscar ingresos o comida, atizando el descontento y desesperación social.

En materia de salud el gasto se ha concentrado mayoritariamente en el fortalecimiento del sector hospitalario respecto del financiamiento de la Atención Primaria, olvidando la importancia de esta última en el control epidemiológico. El anunciado reparto de 2,5 millones de canastas familiares, por su parte, ha sido una medida filantrópica de cuya frecuencia nada se sabe, que no entrega una solución al problema del hambre ni la cesantía y que terminará por destruir los pequeños comercios de barrio beneficiando a los grandes distribuidores. El ingreso familiar de emergencia activa la demanda hacia el pequeño comercio, favorece a la micro y pequeña empresa.

Ante la situación de fracaso sanitario del llamado “Retorno Seguro” y de las medidas económicas que no aplacan el hambre y la angustia de millones de hogares, llamamos a las fuerzas sociales y políticas a luchar por las siguientes medidas urgentes:

01.- Instalar, en lo sanitario, un Comité Nacional de Crisis y sus respectivos Comités regionales y locales, que incluya representación de la Atención Primaria en Salud, de las Asociaciones Municipales, el Colegio Médico y los expertos en epidemiología y organizaciones relevantes de la sociedad civil, con capacidad de definir orientaciones a la autoridad política. Es una forma de superar las desconfianzas y de hacer eficiente y creíble la transmisión de la información y la implementación de las medidas. No queremos un “Comandante en Jefe”, sino una autoridad que convoque y respete el trabajo colaborativo. Estas condiciones de eficiencia y credibilidad son necesarias para que la estrategia sanitaria llegue con capacidad de ejecución y gestión rápidamente a cada rincón de nuestro país.

Es necesario aumentar el presupuesto de la atención primaria de salud en al menos 2 mil pesos por cada inscrito en FONASA para enfrentar la pandemia y los efectos de ésta y el control de precios en elementos de protección personal y fármacos.

02.- Asegurar la sobrevida económica de la población. Establecer un ingreso de emergencia básico de $ 460 mil por familia de 4 personas, que marca la línea de pobreza; terminando con el retiro de fondos propios de los trabajadores cesanteados y protegiendo en particular a las mujeres de sectores vulnerables que han sido especialmente afectadas por la pandemia, en su calidad de cuidadoras y madres cabeza de familia. Autorizar el retiro de un ingreso mínimo mensual de los fondos de pensiones por razones de catástrofe, a todas las personas que no reciban el ingreso de emergencia, lo que debe ser compensando por el Estado con su reposición en un plazo de 5 a 10 años, emitiendo bonos de reconocimiento en UF + 4% redimibles al momento de la pensión o vía bonos soberanos. Tendrán derecho a este retiro las personas cuyos ingresos familiares, previo al 1ª de Octubre de 2019 fueran iguales o inferiores a 4 sueldos mínimos mensuales.

03.- Crear una línea de crédito y subsidios para las pequeñas empresas, a través de la estructura del Estado. Es necesario destinar para esto recursos significativos y distribuirlos no a través del sistema bancario, que lo hará conforme a sus propios criterios comerciales, sino mediante las instituciones públicas especializadas (Banco del Estado, Corfo, Sercotec y Municipalidades). Hasta ahora el FOGAPE, no está llegando con la celeridad y cobertura necesaria que impone esta crisis de más de dos meses. La gran mayoría de las pequeñas y microempresas están excluidas de estos créditos pues están ya altamente endeudados y muchos morosos.

04.- Para proteger el empleo, puede que sea necesario el apoyo directo a grandes empresas. Esa es una cuestión que deberá ser evaluada caso a caso. El principio fundamental para prestar apoyo estatal es que sea de interés público su subsistencia por la cantidad de empleos comprometidos o por su función. Esto no puede ser solo una declaración, debe manifestarse en las condiciones del apoyo: la protección de los trabajadores de esas empresas ha de tener prioridad sobre los intereses de los accionistas y de los gerentes, y el aporte estatal debe implicar, en la proporción que corresponda, la propiedad pública de esas empresas.

05.- Proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género y acoso a la diversidad sexual, agudizada en el contexto de emergencia. Es por ello, que exigimos ampliar a todos los sectores, sin discriminación, el número de emergencia y el programa “mascarilla 19” que incluya a mujeres en situación de discapacidad, con personal adecuado y capacitado para su atención. Articular también una estrategia integral en que estas medidas lleguen a los territorios con equipos preparados para contener a aquellas mujeres y personas de la diversidad sexual, que estén viviendo violencia en sus familias.

06.- Impulsar iniciativas colaborativas y de economía solidaria, que permitan garantizar la seguridad alimentaria, al tiempo que fortalecer las redes locales de provisión. Se debe crear un Comité de Emergencia Alimentaria, que controle los precios de los productos de primera necesidad en todo el país, obligando a los distribuidores y minoristas a no especular con ellos. Este Comité debe asegurar el abastecimiento agroalimentario con medidas financieras a los productores familiares y pequeños campesinos, comprometiendo la compra de sus productos; y a los grandes abriendo líneas de crédito. Deben apoyarse los modelos comunitarios de comedores, ollas comunes u otras iniciativas con financiamiento público y que compren a proveedores directos de pequeños agricultores, fortaleciendo así sus propias organizaciones. Asimismo, en la medida en que la crisis se prolongue, es preciso fomentar actividades productivas vinculadas a producción de alimentos a nivel local, tales como huertos familiares.Para todo esto es necesaria la creación de un fondo de desarrollo local que se canalice a través de los municipios, orientado a financiar iniciativas públicas, privadas y comunitarias, que fortalezcan las capacidades productivas, fomenten la articulación de cadenas logísticas y pongan en funcionamiento redes de bienes y servicios, comercio, y de cuidados y asistencia social y sanitaria.

07.- Defender de modo irrestricto el proceso constituyente. La emergencia sanitaria y social ha tenido un costo enorme, y este ha caído principalmente sobre los trabajadores y trabajadoras. Aquellos que pretenden aprovecharse de la pandemia para suspender o vaciar de contenido al proceso constituyente, que es una de las condiciones indispensables para generar la confianza pública necesaria para enfrentar la emergencia, les advertimos de nuestro compromiso irrestricto con la realización del proceso constituyente, su plebiscito y la elección de convencionales constituyentes.

La Convención Constituyente fijará libre y democráticamente, y no mediante un acuerdo cupular, un nuevo marco constitucional que redefina los derechos civiles, políticos y territoriales y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y establecerá los deberes de las instituciones para hacer efectivos esos derechos y la responsabilidad de las personas con la comunidad y con las nuevas generaciones, dando inicio a una nueva etapa de la historia democrática de Chile.

Las medidas arriba enunciadas son perfectamente financiables. La capacidad fiscal es mucho mayor que la que reconoce el Gobierno, pues a fines del 2019, según datos del FMI, la deuda pública bruta de Chile (como % del PIB) estaba entre las 20 menores a nivel mundial. Y gracias a los fondos soberanos, la deuda pública neta del país estaba entre las cinco menores del mundo.

Se trata ahora que el gobierno muestre su voluntad política de derrotar la pandemia, el hambre y la cesantía, adoptando las medidas propuestas; nosotros seguiremos impulsando una respuesta con las organizaciones populares para lograrlo. Ese, y no el exitismo vacío al que nos tiene acostumbrados, es el camino que el gobierno debe seguir para enfrentar la emergencia como lo que es: algo que nos afecta a todos.

Santiago, mayo, 2020

ORGANIZACIONES SOCIALES FIRMANTES

– Confederación de Trabajadores del Cobre
– Federación Nacional de sindicatos de trabajadoras de Casa Particular. María Cotal, presidenta.
– Asamblea Territorial El Aguilucho, Providencia. – Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile.
– Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales, tripulantes Artesanales de Cerco y ramos conexos.
– Coordinadora Nacional de Taxistas de Chile. Presidente, Claudio Morales.
– Fundación Nodo 21, Carlos Ruiz
– Coordinadora Sindical de Chiguayante. José Lara, presidente.
– Agrupación Social, Cultural, Educativa y Medioambiental Bosques para Cachapoal.
– Fundación Gestión ética para la Dignidad Animal.
– Agrupación Vecinos al Poder. Región Metropolitana.
– Sindicato de Trabajadores Independientes procesadores de productos del mar, borde costero Coronel. Presidenta Sonia Riffo.
– Defensoría Ciudadana comuna Pedro Aguirre Cerda. Felipe Olivares Vergara, Director.
– Movimiento Social AGUIRRINO. Comuna Pedro Aguirre Cerda. Harry Farinelli, vocero.
– Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile.
– Sindicato de Pescadores Artesanales Lancheros, Acuicultura y actividades conexas, Lota bajo. Presidente Ramón Chaparro.
– MOSAP: Movimiento Social y Ambiental, Comuna de Petorca.
– Colectivo Mujeres por la Liberación. Comunas de Talcahuano, Concepción, Chiguayante y San Pedro, región del Biobío. Jaqueline Cárdenas.
– Coordinadora Nacional de Conductores de Colectivos.
– Fundación Presente – Chile
– Sindicato Independiente Trabajadores y Pescadores Artesanales Caleta Lo Rojas. Marco Bello Ferro.
– Marca Tu Voto
– Sindicato BanChile inversiones. José Faundez

ORGANIZACIONES POLÍTICAS FIRMANTES

  • Fuerza Común
  • Federación Regionalista Verde Social
  • Partido Comunista de Chile
  • Convergencia Social
  • Comunes
  • Partido Progresista
  • Revolución Democrática
  • Igualdad

ALCALDES FIRMANTES

  • Jorge Sharp, comuna de Valparaíso
  • Gonzalo Durán, comuna de Independencia