La SIP reconoce ambiente hostil contra la prensa en Brasil

Los periodistas de Brasil celebran este 7 de abril el “Día del Periodista” en una compleja situación que afecta su desempeño. Según el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre libertad de prensa, en este semestre se observó un incremento de acciones hostiles a través de las redes sociales contra periodistas, al tiempo que el presidente Jair Bolsonaro instó al sector privado a dejar de anunciarse en los medios de comunicación y sugirió a los ciudadanos a no suscribirse a las publicaciones.

La SIP recordó al Estado (en una resolución) su responsabilidad de investigar con prontitud y sancionar con severidad a los responsables de los asesinatos contra periodistas.

A continuación, el reporte semestral – informe de Brasil – sobre libertad de prensa.

“Los últimos seis meses han estado marcados por un aumento creciente de ataques virtuales contra periodistas y empresas periodísticas en las redes sociales. Es una situación que, lamentablemente, se ha consolidado durante los últimos años y que es contraria a la libertad de prensa. Una encuesta realizada por la empresa Bites, que monitorea datos digitales, muestra que en 2019 los medios profesionales sufrieron casi 11 mil ataques diarios a través de las redes sociales, lo que representa siete ataques por minuto.

Son publicaciones con palabras soeces o expresiones que intentan desacreditar el trabajo de la prensa, producidas por perfiles y sitios web con cierto sesgo ideológico. A lo largo de 2019, la suma de los ataques resultó en aproximadamente 4 millones de publicaciones negativas contra la prensa, lo que equivale al 10 por ciento de toda la producción en el área de comunicación profesional.

Aunque los ataques virtuales al periodismo profesional se originan en todo el espectro político del país, se evidencia que la mayor preponderancia la tienen publicaciones de la derecha. En esta ofensiva se destaca la actuación del presidente Jair Bolsonaro y sus seguidores. Además de las redes sociales, el presidente a menudo emplea discursos y entrevistas para descalificar a periodistas y empresas periodísticas.

El presidente adoptó la costumbre de abandonar la residencia oficial del Palácio da Alvorada mientras acusa y provoca a periodistas. En estas ocasiones, el comportamiento del presidente alienta a sus partidarios, que se manifiestan diariamente en el lugar, a que también ataquen verbalmente a los periodistas.

El jefe de Gobierno trata como enemigos a los medios de comunicación que publican reportajes o análisis negativos sobre su gobierno. En varias ocasiones, el presidente Bolsonaro ha recomendado a los sectores empresariales que no realicen inversiones publicitarias en estos medios de comunicación, y ha sugerido a los ciudadanos que no se suscriban a las publicaciones que considera enemigas.

Otros hechos relevantes:

El 21 de noviembre, los militantes y simpatizantes del presidente Bolsonaro hostigaron a los periodistas en el primer evento del partido Alianza por Brasil, en Brasilia, y lanzaron improperios como “basura”, “izquierdistas” y “raza impura”.

Paralelamente a esta ofensiva oficial contra la prensa, continúan los casos de violencia física contra periodistas, estimulados por la ineficiencia de las autoridades policiales y el poder judicial para identificar y castigar a los culpables.

El 9 de enero, la Policía Militar de São Paulo obstaculizó el trabajo del reportero Arthur Stabile, del sitio Ponte Jornalismo, y del reportero fotográfico Lucas Martins, del sitio Jornalistas Livres, cuando grababan ataques contra los manifestantes del Movimento Passe-Livre (MPL), en la Praça da Sé, en el centro de São Paulo; que en la ocasión el reportero fotográfico Daniel Teixeira, del periódico O Estado de S. Paulo, recibió un bastonazo en las costillas.

El 21 de enero, la Oficina del Fiscal Federal (MPF) presentó una queja contra el periodista Glenn Greenwald por asociación criminal para la invasión de equipos de comunicación e interceptación ilegal de comunicaciones. En respuesta, el 24 de enero, entidades nacionales e internacionales enviaron una carta abierta a las autoridades brasileñas, caracterizando la denuncia como un “abuso de poder”.

El 18 de febrero, el presidente Bolsonaro profirió insultos de carácter sexual contra la reportera de Folha de S. Paulo, Patrícia Campos Mello, al reproducir información sobre un testimonio en el IPC dedicado al tema de las Fake News.

La periodista Vera Magalhães, de TV Cultura y de O Estado de São Paulo, fue víctima de doxxing (exposición de datos personales) y la creación de un perfil falso en una red social, después de haber revelado el 25 de febrero, en el sitio web BR Político, que el presidente Bolsonaro había enviado mensajes de apoyo a un acto contra el Congreso Nacional a través de su aplicación privada de WhatsApp.

El 6 de marzo, 17 entidades de la sociedad civil brasileña denunciaron al gobierno de Bolsonaro en la 175ª audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en Haití, por violaciones sistemáticas de la libertad de expresión en el país, ataques a la prensa, censura de las libertades artística y cultural, sofocación de espacios para la participación social y acceso a la información pública.

El 16 de marzo, el Ministerio Público Federal (MPF) acusó a seis personas por el asesinato del periodista Vladimir Herzog cometido hace 45 años. Herzog, director de periodismo de TV Cultura y responsable del noticiero de televisión “Hora da Notícias”, fue arrestado, interrogado, torturado y asesinado por agentes de la dictadura militar el 25 de octubre de 1975.

El MPF acusó al jefe de comando de la 2ª Sección del Estado Mayor del II Ejército, José Barros Paes; el comandante DOI-Codi, Audir Santos Maciel; y el ex agente de la unidad Altair Casadei. Los forenses Harry Shibata y Arildo de Toledo y el fiscal militar Durval Moura Araújo también fueron acusados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por negligencia en la investigación y el enjuiciamiento del caso en marzo de 2018.

El informe sobre violencia contra mujeres periodistas en Brasil, realizado por ABRAJI, identificó 20 ataques contra comunicadores entre enero de 2019 y febrero de 2020, incluidos delitos misóginos y sexistas, desacreditación del trabajo y exposición de información personal; de los 17 casos registrados en 2019, 13 fueron perpetrados por diputados federales y estatales, ministros y el propio presidente Bolsonaro y, hasta febrero de 2020, hubo tres ataques perpetrados por políticos”.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.