Cámara de Diputados da luz verde a proyecto que rebaja cuentas de agua con ganancias de empresas sanitarias
La iniciativa, que beneficiará a los usuarios, ahora será analizada por el Senado en segundo trámite legislativo.
Con un contundente respaldo de 108 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores.
Se trata de una moción presentada por los diputados Daniel Núñez (PC), Lautaro Carmona (PC), Guillermo Teillier (PC), Loreto Carvajal (PPD), Yasna Provoste (DC) e Iván Fuentes (Ind), con el objetivo de modernizar la Ley de Servicios Sanitarios, buscando un mejor escenario para los usuarios. La idea es regular las utilidades que reciben las empresas y aumentar sus responsabilidades cuando el servicio falla.
La iniciativa establece que las concesionarias deberán informar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios cuando ofrezcan servicios no relacionados. Estos son aquellos servicios que no son de exclusividad de las sanitarias, como por ejemplo la limpieza de alcantarillados. El órgano fiscalizador podrá solicitar a los prestadores toda la información necesaria.
Asimismo, se establece que cuando se hagan negocios con los servicios no regulados (venta de aguas servidas u otro tipo de negocios) un porcentaje importante, el 50% y en algunos casos el 80%, tiene que ir a descuentos en las cuentas de agua de los clientes de las empresas sanitarias.
La nueva norma modifica también el sistema para establecer las tarifas del servicio. Un cambio importante y que la ciudadanía también podría percibir en sus cuentas a fin de mes.
De acuerdo a la propuesta de la instancia legislativa, la superintendencia realizará estudios que deberán basarse en un comportamiento de eficiencia en la gestión y en los planes de expansión de los prestadores.
Estos estudios se harán tanto por la Superintendencia, como por la empresa y la comisión de expertos deberá pronunciarse, en mérito de los fundamentos y antecedentes, optando de manera fundada por uno de ellos. Con esto se termina la posibilidad que actualmente tienen las sanitarias de proponer valores tarifarios muy altos, frente a los cual la comisión de expertos debe buscar un punto intermedio, distorsionando el precio final.
Participación ciudadana
El proyecto también incorpora la participación de la ciudadanía, estableciendo un proceso de acompañamiento permanente a la fijación de la tarifa por parte de las organizaciones ciudadanas.
Todos los estudios, antecedentes, procedimientos de cálculo e informes utilizados en la fijación de tarifas, serán de público conocimiento. Además, la superintendencia efectuará labores de difusión de las bases tarifarias respecto del público en general, en cada región donde estas sean aplicadas. En especial, capacitando a las organizaciones de usuarios, para que estén en condiciones de efectuar observaciones a dichas bases, sin perjuicio que cualquier persona o institución directa o indirectamente interesada con el proceso en marcha, efectúe observaciones a las bases.
Otro punto importante que considera esta norma fue eliminar la garantía de que a todo evento las sanitarias tengan una rentabilidad mínima de un 7%.
También se estableció que en zonas urbanas, donde las áreas operacionales de las sanitarias son mucho más restringidas que los propios planes reguladores, las empresas estarán obligadas a realizar los procesos de ampliación y cobertura de agua potable para llevar adelante proyectos de viviendas sociales.
Otro punto que debería beneficiar las cuentas a fin de mes, tiene relación con la obligatoriedad de entregar a beneficio de los usuarios un 80% de lo que las empresas recauden por la venta de aguas tratadas.
El aumento de las multas por no responder de manera eficiente con la entrega del servicio, es otra de las modificaciones a favor del usuario. Las sanitarias deberán pagar hasta 5 veces el costo del servicio no entregado y no podrán cobrar la reposición de los servicios cuando éstos se suspenden por no pago.
Reacciones
Tras la aprobación del proyecto, el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Daniel Núñez (PC), quien además informó el proyecto a la Sala, destacó el aumento general de las multas, por ejemplo, para cortes imprevistos de agua, episodios de turbiedad y cuando esté en peligro la salud de la población. También destacó la eliminación de los cobros por cortes de agua, tal como ocurre en la nueva ley eléctrica.
El proyecto propone clasificar las infracciones en leves, graves y gravísimas, estableciendo un rango de multas que van desde 1 hasta 10 mil UTM, lo que implica elevar considerablemente el monto de las actuales sanciones.
También se refirió al artículo que obliga a las sanitarias a instalar sin costo en viviendas sociales los servicios de agua potable, alcantarillado y aguas servidas, siempre que se encuentre en las cercanías de las áreas de concesión.
“Se establece que al ser un proyecto de vivienda social la empresa sanitaria está obligada a proveer este servicio, si esos terrenos adyacentes a su zona operacional y esto tiene un gran impacto porque facilita que podamos desarrollar proyectos de viviendas sociales con menores costos”, enfatizó.