Cámara de Diputados presenta evaluación de Ley de Violencia Intrafamiliar

El estudio se enmarca en el trabajo del Departamento de Evaluación de la Ley y su objetivo es visualizar los impactos no deseados o problemas de implementación de la norma, publicada en octubre del año 2005.

Diputado Pablo LorenziniLa Ley 20.066, de Violencia Intrafamiliar, se planteó como objetivo “prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma”, fortaleciendo las garantías legales y protección, en consonancia con la creación de los Tribunales de Familia en el año 2004.

También buscó establecer mecanismos de control más eficientes para el cumplimiento de medidas cautelares y sanciones; y abarcar vacíos legales a través de la tipificación de familiares con un vínculo más alejado de las víctimas, como yernos, ex cónyuges, ex convivientes y parejas que hayan procreado un hijo sin mediar convivencia.

A 10 años de su funcionamiento, el Comité de Evaluación de la Ley/OCDE, que preside el diputado Pablo Lorenzini (DC), acordó solicitar el análisis de esta normativa.

El estudio realizado se centró en la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y la pertinencia de la distinción entre un hecho constitutivo de delito, para lo cual se realizaron dos foros ciudadanos en Valdivia y Valparaíso, donde se puso especial énfasis en el conocimiento de la ley por los usuarios y red de asistencia y las herramientas para la protección de las víctimas.

Al respecto, el diputado Lorenzini recalcó que en las entrevistas con las entidades vinculadas y la ciudadanía, se detectaron diversas fallas en materia de recursos, la necesidad de potenciar otros servicios, como el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), y la clarificación del procedimiento de denuncia en estos casos.

Explicó, además, que las propuestas que este informe contienen serán parte de un proyecto de ley para modificar la actual norma y sostuvo que solicitarán el respaldo del Ejecutivo para su tramitación, con el objeto de “mejorar todas las debilidades detectadas en este trabajo”.

“Estos son cientos de casos que se denuncian, son muchos más los que no se denuncian o que no llegan a puerto. Hay 100 mil denuncias el año pasado, realmente aquí hay un tema ciudadano”, enfatizó el diputado Lorenzini.

La Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, valoró y resaltó la importancia de la evaluación permanente de las leyes que hace el Poder Legislativo y, en particular, “respecto de esta ley que cumplirá 10 años desde su promulgación, que tiene un tiempo suficiente para tener una buena evaluación”.

En ese contexto, recordó que el Gobierno ha constituido un Plan Nacional de erradicación de la violencia contra la mujer y, por ello, esta evaluación es “tremendamente pertinente y será un suministro importante de recomendaciones” para el comité a cargo de este plan”.

Contenido de la Evaluación

El informe elaborado por el Departamento de Evaluación de la Ley, concluye que la aplicación de la Ley 20.066 presenta falta de precisión en algunos conceptos y no considera aspectos como la superioridad del agresor y dependencia o subordinación por parte de la víctima.

Además, en relación a la figura de Maltrato Habitual, se observa que su contenido es indeterminado y escasamente aplicado, particularmente por las dificultades para probar la habitualidad.

En cuanto a los procedimientos de la ley, se evidenció que existe confusión y desconocimiento sobre el proceso de denuncia, prevaleciendo la idea que basta realizar una constancia policial; y se planteó que existe una “excesiva carga de trabajo del Servicio Médico Legal”, lo cual junto con la retractación de la víctima “influyen en el éxito de un proceso por violencia intrafamiliar”.

En los aspectos positivos, se destaca la facultad del Servicio Nacional de Menores (Sename) de poder representar a las mujeres víctimas de delitos de Violencia Intrafamiliar, por cuanto permite informar a los intervinientes durante el proceso judicial de las consecuencias del mismo.

No obstante, se critica el marcado enfoque de género en las políticas públicas de Violencia Intrafamiliar y que no da una correcta solución para los casos de violencia en contra de adultos mayores (víctimas en su mayoría de abandono y, por tanto, de conductas omisivas); al igual que tratándose de personas en situación de discapacidad, “no existiendo actualmente herramientas suficientes para su protección”.

Por último, tanto los implementadores como la ciudadanía que participó en la evaluación, consideró la falta de capacitación de funcionarios del sistema en materia de violencia intrafamiliar, especialmente en relación a Carabineros, Tribunales de Familia y Juzgados de Garantía.

Recomendaciones del informe

Tal como planteó el diputado Pablo Lorenzini, el contenido de este informe se volcará en una propuesta legislativa para mejorar la ley, considerando aspectos como incorporar en el concepto de maltrato habitual la existencia de una afectación, un resultado sicológico de los maltratos, que sea constitutivo de un atentado contra la integridad sicológica.

Además, se plantea incorporar normas especiales para el caso de personas con discapacidad y adultos mayores que sean víctimas u ofensores, sea por la vía de medidas de protección especial u otra y agregar expresamente el deber del tribunal de proteger a los niños, niñas y adolescentes, cuando sean víctimas colaterales o indirectas de la violencia intrafamiliar.

Asimismo, extender la aplicación de esta ley también a servicios como Sename, Senama y Senadis, de manera tal que otros grupos vulnerables también puedan contar con un abogado especializado que vele por el respeto de sus derechos y entregar mayor información al denunciante sobre el proceso judicial y sus consecuencias.

Otros aspectos que considera el informe es la recomendación para dotar de recursos suficientes al Servicio Médico Legal y el trabajo con las víctimas sobre la importancia de su participación en juicio.

En relación a la adecuada fiscalización del cumplimiento de medidas cautelares, se recomienda incluir medidas especiales para grupos vulnerables, como personas en situación de discapacidad y adultos mayores, con un enfoque terapéutico y reparatorio, que aborde adecuadamente sus situaciones particulares; junto con fortalecer los órganos encargados de la fiscalización.

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