Declaración Pública de CIPTAR ante solicitud de termino de contrato de Consejeros Regionales
A la comunidad de Tarapacá
El día miércoles 2 de julio de 2014, después de 30 meses de funcionamiento ininterrumpido de nuestra institución de gestión del conocimiento para el desarrollo de Tarapacá, el Consejo Regional de Tarapacá ha adoptado la decisión de solicitar al Gobierno Regional el término de su contrato con nuestra institución ejecutora, la Corporación para el Desarrollo de la Universidad Arturo Prat, CORDUNAP.
Es mi deber, como Director General de CIPTAR, declarar expresamente a la opinión pública que:
1) A nuestro entender, dicha decisión es claramente ilegal, ya que adolece de severos vicios en sus motivaciones y una clara arbitrariedad en el procedimiento, generando una grave infracción al principio de probidad administrativa. Por ello solicitaremos a la Contraloría General de la República un pronunciamiento respecto del correcto ejercicio de las facultades del Consejo Regional para determinar el cierre anticipado de un proyecto y verificar si se han cumplido las normas que lo regulan.
2) Quiero dejar muy en claro que no existen irregularidades de ningún tipo en el proceder y ejecución de nuestro Programa; lo que es de tal evidencia que la decisión del CORE no da cuenta de irregularidad alguna en el proyecto.
3) Es de público conocimiento que nuestro centro de investigación es una referencia y modelo nacional e internacional, lo que ha sido reconocido con la decisión de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional de crear nuevos centros de su tipo en el país. Para alcanzar estos resultados en menos de tres años, CIPTAR cuenta y ha contado con especialistas del más alto nivel y de las más diversas ideas políticas, que trabajan para el desarrollo de la región.
4) Dichos expertos, todos ellos con doctorados o master en prestigiosas Universidades extranjeras, se sienten duramente afectados en su honra y prestigio profesional por acusaciones sin fundamento alguno, emanadas de la comisión fiscalizadora.
5) La actuación a la que me refiero afecta gravemente la institucionalidad de los nuevos Consejos Regionales recientemente electos, por cuanto su decisión de dar término anticipado al Convenio se ha tomado infringiendo las normas legales y administrativas que lo regulan, sin expresión de causa y privilegiando el interés particular de algunos por sobre el interés de la comunidad de Tarapacá.
Es preciso que los tarapaqueños sepan que esta decisión del Consejo Regional, a sugerencia de la Comisión Fiscalizadora dirigida por el ex Gobernador Felipe Rojas:
– Se ha adoptado sin que los propios consejeros tuviesen información sobre el correcto desarrollo del Convenio, lo que queda en evidencia en la falta de fundamentos de tal decisión;
– Enjuicia a quienes hemos trabajado con honestidad y lealtad para la comunidad de Tarapacá, sin que exista una resolución o dictamen de la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre el eventual atraso de respuesta a observaciones de mero trámite.
– Decide a sabiendas de que no existen observaciones sin responder por parte de CIPTAR y que el anterior Consejo Regional en su sesión del 10 de septiembre de 2013 ratificó que no había gastos sin aclarar.
– Resuelve aún en contra de la opinión expresa del Secretario Ejecutivo del CORE, abogado Juan Enrique Silva, asesor del Consejo, quién advirtió en la mencionada sesión que no se estaba respetando las normas para el cierre anticipado del Programa CIPTAR.
– Sentencia un Convenio sin considerar que con su conducta fuera de toda norma y lógica, afectarán gravemente a muchos proyectos en curso y que comprometerán la responsabilidad de las autoridades y consejeros regionales anteriores y de los funcionarios del GORE.
Finalmente, hacemos presente a todos los tarapaqueños y especialmente a quienes nos han mostrado su solidaridad en estos duros momentos, que CIPTAR seguirá trabajando en pro del futuro de la región y de sus habitantes, hasta que la autoridad competente y debidamente informada, nos comunique una decisión definitiva.
Iquique, 03 julio 2014