Comité de Ministros acoge reclamaciones de comunidad y rechaza unánimemente RCA del proyecto HidroAysén

Este martes el Gobierno anunció su determinación definitiva sobre el actual proyecto de Endesa y Colbún.
Comité de MinistrosEsta mañana se reunió el Comité de Ministros que debía resolver sobre el futuro del actual proyecto HidroAysén. Después de un amplio debate de alrededor de tres horas se conoció la determinación definitiva del gobierno mediante el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien sostuvo que “se ha decidido acoger los recursos presentados por la comunidad y dejar sin efecto la RCA que aprobó HidroAysén, por lo que el proyecto se declara rechazado en este acto administrativo”, puntualizó.
El megaproyecto hidroeléctrico -controlado por Endesa (51%) junto a Colbún (49%)- fue zanjada por el mencionado comité integrado por el ministro Badenier, los titulares de Energía, Máximo Pacheco; Minería, Aurora Williams; Economía, Luis Felipe Céspedes; Salud, Helia Molina; y Agricultura, Carlos Furche; en base a un documento elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), considerando las recomendaciones técnicas para resolver 35 reclamaciones pendientes.
El mismo sentido, el ministro medioambiental indicó que “creo que las decisiones del Comité de Ministros anterior le hicieron daño a la institucionalidad ambiental, no es conveniente que recursos hayan estado pendientes por dos años”. El pasado 19 de marzo el gobierno había invalidado una resolución de la administración anterior, que definió resolver las reclamaciones por separado y solicitar más estudios.
Por otro lado, tras conocerse los anuncios del gobierno en relación a la Agenda de Energía -entre ellos el de un “ordenamiento territorial”, que definiría ciertas zonas preferentes y de exclusión para determinados proyectos- los ejecutivos de HidroAysén anunciaron la suspensión de la iniciativa hasta 2015, independientemente de la determinación que se adoptara hoy.
La inversión relacionada con el proyecto era de unos USD 8.000 millones, si se consideran las centrales y la línea de transmisión. Hasta ahora se habían invertido unos USD 300 millones en estudios.
Frente a esta determinación, las opciones que le quedan a la empresa para salvar el actual proyecto son presentar un recurso ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, o demandar al Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco  Mundial. Ambas representan nuevos plazos y mayores complicaciones importantes para culminar este proceso.