Defensoría Regional intensificó atención a los internos de los penales tras emergencias en Iquique
El cuidado a la segregación que debe mantenerse entre imputados y condenados, y otras garantías legales, está entre los temas revisados por los defensores de la institución.
Un intenso trabajo para velar por las garantías de sus usuarios despliega la Defensoría Regional de Tarapacá tras las emergencias provocadas por los recientes terremotos en Iquique. “Nuestro equipo está cumpliendo día a día las diversas obligaciones que tiene respecto a las personas que son imputadas de delitos, que están sometidas a investigación o que están cumpliendo condenas en el penal de la región”, enfatizó Marco Montero Cid, titular de la institución en la zona.
El personero detalló que en ningún momento los defensores dejaron de acudir a todas las audiencia convocadas en tribunales y a las gestiones en recintos penitenciarios, incluso las que debían retomarse el miércoles 2 de abril, pocas horas tras el primer terremoto. Posteriormente intensificaron sus visitas a los usuarios en prisión preventiva o los que ya cumplen condena, levantando un catastro sobre el cumplimiento de las garantías legales que tienen, aún en momentos de emergencia.
En esa dinámica, la Defensoría visitó pocas horas después de los sismos el Centro de Internación Provisoria (CIP Iquique), que mantiene a menores de edad; el Centro de Cumplimiento Penitenciario (Penal de Mujeres), que fue evacuado la noche del martes 1ro. de abril; el Penal de Pozo Almonte, desocupado el viernes 3 y el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.
A este último recinto, en donde permanecen actualmente unas 2.200 personas, han concurrido asiduamente los abogados y otros profesionales de la institución, incluyendo al propio Defensor Regional, para constatar las condiciones en que se mantienen a los internos, tanto los habituales como los que fueron agregados en los últimos días producto de la desocupación de los penales de Iquique y Pozo Almonte. “Respecto a lo observado, cada defensor ha formulado las alegaciones y ejercido las acciones legales correspondientes, velando porque se cumpla con la normativa vigente y, en particular, con la debida segregación que debe haber entre personas imputadas y condenadas”, explicó Marco Montero.
El Defensor Regional agregó que, en este periodo de emergencia, se ha mantenido una fluida comunicación con Gendarmería, con cuyo Director Regional, y la mayor parte de los jefes de recintos penitenciarios, se ha entrevistado personalmente.