Sonami presentó observaciones a proyecto que impulsa la inversión minera en Chile
El organismo gremial planteó ampliar el poder fiscalizador del Sernageomin por sobre la DGA en materia de depósitos de relaves; pidió regular por ley las sanciones por no entrega de información; y solicitó fijar normas de confidencialidad en dichos antecedentes. En la oportunidad también expusieron los funcionarios del Sernageomin, quienes expresaron su malestar por la propuesta y llamaron a rechazarla.
Pese a concordar con el diagnóstico general que presenta el Ejecutivo en el proyecto que impulsa la inversión minera y a valorar algunos de los conceptos considerados en él, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) presentó un conjunto de observaciones a la propuesta legal que estimaron imprescindible para el efectivo cumplimiento de esta ley.
El presidente de la Sonami, Alberto Salas, dijo apoyar la propuesta del Gobierno de eliminar la duplicidad fiscalizadora de los depósitos de relaves, entregando al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) la tutela y restando la participación de la Dirección General de Aguas (DGA).
Sin embargo, criticó la condicionante que se impone para que dicha acción se efectúe, es decir, que el depósito tenga como mínimo un 65% de peso sólido (bajo este porcentaje, la duplicidad se mantiene) y llamó a revisarlo al considerarlo muy alto en función de los depósitos que existen en Chile.
Según resaltó Salas, en la práctica la limitante excluye a la tecnología más común o relaves convencionales que emplea la casi totalidad de la industria minera chilena, tanto estatal como privada. “Por ende, este porcentaje debiese disminuir a un 25%, que coincide, además, con el porcentaje de sólidos que normalmente se emplea para el transporte de pastas y relaves, cumpliéndose de esta manera el objetivo de evitar la duplicidad de permisos”, sentenció.
Para determinar la competencia de la DGA, sugirió que el porcentaje de sólidos se determine exclusivamente al momento de depositar los relaves en su respectivo tranque.
En otro orden, señaló que para el gremio es realmente un aporte calcular la vida útil de los proyectos, ya no sólo en función de las reservas, sino también de los recursos mineros. Pese a esto, lamentó que no se hayan acogido otras propuestas que buscaban establecer un régimen diferenciado para la pequeña minería.
También hubo una valoración de la Sonami al perfeccionamiento del catastro minero, que incluiría tanto concesiones otorgadas como en trámite. No obstante, consideraron importante que se identifique en la ley que respecto de cualquier oficio o información relacionado con derechos o concesiones mineras que el Sernageomin entregue a terceros o que deba emitir a los tribunales de justicia, distinga si corresponde a concesiones constituidas o en trámite, indicando la fecha de inicio del trámite respectivo, sea pedimento o manifestación minera.
En materia de sanciones por omisión en la entrega de información al Sernageomin, consideraron relevante plasmar en la ley y no en un reglamento los lineamientos que se aplicarán en la materia.
Además, pidieron que se tenga presente que hay cierta información geológica que puede ser esencial en el desarrollo comercial de un prospecto o proyecto de desarrollo minero, por lo que resulta fundamental establecer a nivel legal que la obligación de entrega de información geológica básica no se extienda a aquella de carácter confidencial, comercial o que influya en el desarrollo del negocio de exploración, explotación o beneficio del titular de las concesiones mineras.
En esta última línea, dijeron que deberían quedar excluidos antecedentes de carácter sensible, como sondajes de prospección, resultados de calicatas, pruebas geofísicas, pruebas de ensayos, pilotajes y otras que pueden ser resultado de una campaña de exploración básica, pero que son cruciales para el desarrollo del negocio futuro.
Respecto de los perfeccionamientos al Código de Procedimiento Civil relativos a las denuncias de “obra nueva”, plantearon que resulta relevante que se busque someter al régimen general de las medidas precautorias el establecimiento de la paralización de los proyectos, requiriendo al denunciante que presente una solicitud fundada y que sea el juez quien, en definitiva, determine si es necesario suspender la construcción de una obra y el área afectada por la medida.
También estimaron de suma importancia que se permita, desde el momento de decretada la medida de paralización de faenas, la posibilidad de levantar dicha medida a través de una caución completa y suficiente, señalando un plazo breve para su determinación.
AFUSER
La Asociación de Funcionarios del Sernageomin (AFUSER) sostuvo que las propuestas legales contenidas en el proyecto no fueron ni informadas ni consultadas a ninguna organización de profesionales relacionados con el sector geológico minero, como el propio Colegio de Geólogos de Chile A.G. o el Instituto de Ingeniero en Minas, ni con profesionales y expertos de los Ministerios y servicios públicos involucrados, como la DGA y el mismo Sernageomin.
Afirmaron que el proyecto no promueve la inversión en el sector minero, como su título lo indica, toda vez que la ”propuesta no aporta nada especial en términos de capturar flujos de capital, sino más bien, empobrece y tiende a la tercerización de funciones que son propias de los organismos reguladores del Estado en estas materias”.
Reclamaron que las modificaciones propuestas no pueden ser discutidas con la urgencia exigida por el Gobierno (suma urgencia, esto es, quince días para efectuar el trámite) y consideraron que la fundamentación del proyecto por parte del Gobierno se contradice con el texto mismo de la propuesta.
Finalmente, llamaron a los diputados a rechazar la iniciativa y a abrir una discusión constructiva y reflexiva sobre otras regulaciones que serían más relevantes para la industria, en la que participen los estamentos profesionales de las entidades públicas.