Caso muebles: Se realizaron gastos de fondos públicos a cualquier precio sostiene Fiscalía

Caso muebles 7 de junio del 2013En su última jornada de alegatos de clausura en el juicio del Caso Muebles, la Fiscalía realizó un minucioso detalle del desarrollo de todos los hechos acaecidos en los tres proyectos cuestionados – y que constituyen delito-, y su conexión con las múltiples pruebas testimoniales, periciales y documentales rendidas en los siete meses de juicio.

El fiscal Eduardo Ríos relató las diferentes acciones desarrolladas por los funcionarios públicos que permitieron a Gianpiero Cánepa ganar las tres licitaciones por más de $1.300 millones de pesos. Así, por ejemplo, destacó que en los proyectos de muebles escolares para Arica e Iquique, se ampliaron los plazos de la licitación con el sólo objeto de que Cánepa obtuviera los documentos necesarios para participar (antecedentes comerciales y la boleta de garantía), falsificando para ello, memorándums y resoluciones que fueron firmadas por la ex intendenta, el abogado Carlos Córdova (que ya fue condenado), Freddy Casareggio y Jorge Jacobs.

Agregó, de igual forma, que las adjudicaciones de los tres proyectos están basadas en informes de adjudicación falsos, ya que ninguna de las comisiones que debían analizar las ofertas presentadas se reunió para tal efecto, pese a que sus miembros así lo afirmaron en las actas suscritas.

Ríos destacó que el pago anticipado, contemplado en los proyectos de muebles, no era una modalidad habitual -como quedó demostrado en el juicio- y, muy por el contrario, había sido cuestionado por Contraloría, dada la peligrosidad que implicaba para el resguardo del patrimonio fiscal.

Sin embargo, el Fiscal recalcó que los funcionarios tampoco cumplieron con las condiciones que exigían las bases para este pago anticipado, cursando los pagos sin las facturas comerciales ni las boletas de garantía, “aunque intentaron dar un manto de legalidad de todos los trámites, alterando fechas y documentos”.

El fiscal detalló también más de 50 indicios que dan cuenta que la ex intendenta Antonella Sciaraffia realizó conductas para beneficiar a Cánepa y, por consiguiente, perjudicar al Fisco, como son la importancia que desde el comienzo y durante toda su tramitación dio a los proyectos; el que varios pagos se realizaran en un solo día; su decisión de eliminar controles internos y nombrar en cargos relevantes a personas no idóneas; y su conocimiento de Cánepa a través de su relación con el abogado Diego Hauva; entre otros.

“Todas las acciones desplegadas por los acusados siguen un patrón lógico y por lo tanto, no corresponden a simples errores”, enfatizó el fiscal, agregando que los funcionarios se han excusado en que no existían manuales que regularan sus funciones, lo cual “no tiene sentido si pensamos que hay leyes que regulan el actuar funcionario, y si vemos las actuaciones de las autoridades y funcionarios que después asumieron en el Gobierno Regional, y que tuvieron otra actitud frente a estos proyectos”.

El Fiscal recalcó también que los funcionarios no pueden justificar su actuar en la relevancia de cumplir con la ejecución presupuestaria, pues “el objeto de una licitación pública no es pagar por pagar”, sino la prevalencia del interés público por sobre el privado, y para ello se necesita control. “Aquí parece que se realizó un gasto de fondo público a cualquier precio”, concluyó el fiscal Eduardo Ríos.