La mano de Jaime Guzmán en la Acusación Constitucional

Senador Camilo Escalona en el Congreso(Intervención del Senador Camilo Escalona en votación de la Acusación Constitucional contra Ministro de Educación Harald Beyer – Valparaíso 17 de abril del 2013).

Estimados colegas: Estamos en un debate de suma importancia para el país.

Quisiera comenzar mi intervención, señalando que en el debate de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, formada bajo el régimen militar, fue el propio Jaime Guzmán quien, supongo inspira y orienta la filosofía y la acción de muchos de mis colegas presentes en la Sala, quien abogó por mantener en el texto constitucional, promulgado en 1980, la acusación constitucional, ejercida por las responsabilidades personales de los ministros de Estado; y hacía expresa mención que persigue la sanción de infracciones de naturaleza jurídica, pero no necesariamente de índole penal, haciendo una distinción, por cierto, entre el hecho excepcional de que por una ocasión, se reúna este Senado para decidir a favor o en contra la acusación constitucional previamente aprobada en la Cámara de Diputados, con la de un tribunal de Justicia, que es propio del ordenamiento de una república como un órgano independiente.

Un tribunal de Justicia se preocupa de lo penal. Pero hay una diferencia. Cuando nosotros nos preocupamos de lo constitucional esto tiene, naturalmente, una dimensión jurídica y una dimensión política-jurídica. Estamos actuando haciendo un ejercicio y un discernimiento respecto de la responsabilidad constitucional y, en consecuencia, si corresponde o no corresponde votar a favor la resolución tomada por nuestra antecesora, la Cámara de Diputados.

Con bastante astucia, la defensa del actual ministro, señor Beyer, confundió ambos aspectos en su alegato de ayer. Aludió permanentemente a que el ejercicio del Senado como jurado no podía abordar temas que corresponden a un tribunal, asimilando ese criterio a lo penal. Pero nuestra tarea es abordarlo desde el punto de vista político y jurídico. Es decir, desde el punto de vista constitucional.

Si los parlamentarios de la UDI piensan que yo estoy citando de manera equívoca a Jaime Guzmán, está el texto del diputado de la UDI, don Jorge Ulloa, que explica y detalla con bastante minuciosidad este aspecto, en el libro que con este motivo publicara no hace mucho tiempo atrás. Al mismo tiempo, es interesante este libro porque permite establecer que es el propio Jaime Guzmán quien piensa que la acusación constitucional debe, una vez aprobada, significar la destitución permanente del afectado. Propio de la mentalidad autoritaria del grupo que formuló la Constitución de 1980. Y deben ser miembros de esa misma Comisión de Estudios Constitucionales quienes señalan que no debiese establecerse con tal grado de sanción posterior la acusación constitucional. Algunos se manifiestan en contra de que signifique una inhabilidad, ni siquiera transitoria. Finalmente, en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, se llega a la transacción que establece que no es permanente, como quería Jaime Guzmán la inhabilidad, pero se establece por cinco años.

Es decir, como se ha señalado en declaraciones públicas –lo hizo también la ex ministra, Yasna Provoste- el ministro señor Beyer está afectado por el autoritarismo de su propio sector, por la naturaleza perversa de las disposiciones constitucionales que se impusieron al país en 1980. Porque antes que este engendro ocurriese, en nuestro país se podía aprobar o rechazar una acusación constitucional y no significaba ninguna inhabilidad posterior.

En consecuencia, es cierto, comparto, votaría feliz a favor de un proyecto de ley que permitiese resolver los cinco años de inhabilidad actualmente establecidos.

Pero eso  no puede significar inhabilitar al Congreso Nacional para ejercer su responsabilidad constitucional. Nos está expresamente establecida y es nuestra obligación. Es una responsabilidad ineludible e indelegable.

Asumimos el respeto a las normas constitucionales y legales al llegar a formar parte de esta institución, con todas sus consecuencias. Naturalmente, sobre la base, algunos de nosotros, del compromiso de trabajar por las reformas institucionales que permitan ir resolviendo las perversidades autoritarias que tiene el texto constitucional. Pero eso no significa que no hayamos asumido el compromiso de asumir la responsabilidad constitucional que nos corresponde.

En este sentido, quisiera señalar que es en el propio Gobierno donde no hay comprensión de esta tarea, porque anoche la propia señora vocera de gobierno vuelve a insistir en una idea profundamente equivocada. Señala: “lo que sí comparto es que no puede utilizarse como instrumento jurídico una acusación constitucional”.

Es decir, la palabra textual, su frase, que estoy leyendo de sus declaraciones de prensa, señalan claramente que no ha comprendido nada del debate que estamos sosteniendo.

Nuestra responsabilidad constitucional significa valorar si hubo infracción a los principios constitucionales, que tienen la doble dimensión de constituir principios políticos y jurídicos que nosotros juramos respetar al formar parte de esta corporación.

En este sentido, quisiera rechazar el constante empeño de desautorizar al Congreso Nacional, en su conjunto, que tuvo el Ejecutivo durante las últimas semanas. La acusación constitucional está establecida en el ordenamiento que nos rige y, en consecuencia, el hecho que esta haya tenido lugar y la Cámara haya aprobado una propuesta, que en otros casos ha sido rechazada pero que en este caso fue aprobada, no constituye “un triunfo de la demagogia”, como señalara el Presidente de la República.

Ha habido un intento sistemático, en estas semanas, de poner al Congreso Nacional en una situación de capiti diminutio, es decir, de tratarlo como minusválido, como una entidad que no tiene la capacidad de poder discernir con corrección. Ha habido un esfuerzo sistemático de descalificar, una y otra vez, el ejercicio que nosotros estamos haciendo en esta ocasión, tanto el día de ayer de la acusación, por parte de la propia defensa, como el día de hoy, por parte de quienes conformamos parte del Senado de la República. Fue sistemático el esfuerzo para desautorizar la decisión que pudiésemos tomar. ¿Qué es lo que está detrás de esa manera de ejercer la Primera Magistratura de la nación? Creo que es el vano intento de pensar que se puede gobernar sin oposición.

Porque el ordenamiento democrático de nuestro país establece claramente que esta es una herramienta esencial, a disposición de las fuerzas de oposición, con el objeto de poder velar por su propia responsabilidad constitucional, es un juicio político que nos entrega la propia Constitución para llevar adelante esa responsabilidad constitucional que nos compete.

En consecuencia, el intento sistemático que ha habido durante estas semanas, desde mi punto de vista, es profundamente inaceptable. Ha habido acá un sesgo autoritario, un menoscabo institucional que yo rechazo profundamente.

En mi concepción democrática, quisiera manifestarle al Presidente de la República, que en el ordenamiento democrático republicano que nos rige hay independencia de poderes y corresponde al Congreso Nacional esta herramienta, la acusación constitucional, de manera legítima, que no se ha hecho, además, de manera reiterada, con el propósito de cautelar la buena marcha de la República y el correcto cumplimiento de la Constitución y la ley.

No es, como señalara ayer la defensa del señor ministro, un golpe a la Constitución, el ejercicio que nosotros estamos realizando; no es, tampoco, someter al país al riesgo de la bancarrota política. Ese lenguaje desmedido, ese abuso del predominio comunicacional que siempre tiene como propósito, finalmente, el menoscabo del Congreso Nacional, en mi opinión, daña profundamente la convivencia democrática. Es pretender instalar en la opinión pública la reiterada sensación y la permanente duda de que el Congreso Nacional no tiene la madurez ni está en condiciones de poder ejercer sus atribuciones constitucionales. No es así. En democracia, el Congreso Nacional tiene que ser respetado, como debe serlo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y corresponde, en consecuencia, que el ejercicio de sus atribuciones sea irrestrictamente también respetado.

Entrando, en consecuencia, en el tema de fondo, considero que, tal como lo señalara, no una persona de oposición, una persona a la cual llegamos todos de acuerdo acá, después de un largo ejercicio de búsqueda de nombres, para nombrarlo Contralor General de la República, no hace mucho tiempo. Hubo muchos nombres que se rechazaron aquí en esta Sala, porque se les imputó relaciones con el gobierno de entonces y, finalmente, se impuso la persona que la oposición de entonces, hoy en el gobierno, quería, como Contralor General de la República.

¿Qué es lo que dice el señor Ramiro Mendoza? Señala: “Efectivamente, las potestades fiscalizadoras, normativas y reguladoras del sector las tiene el ministerio de Educación. Y aquí, quizás, hay un velo de ausencia”. Para concluir señalando: “efectivamente, hay una musculatura fiscalizadora, reguladora del sector, que no se ha aplicado”.

Entonces, estimados colegas, miremos la situación en su conjunto. Veámosla, no del estrecho interés de querer salvar la responsabilidad política del gobierno en estas materias.

Acá, el señor ministro de Educación, como la autoridad política del sector, responde ni más ni menos por la completa ausencia de voluntad de gestión y de toma de decisiones que permitiesen aplicar las potestades fiscalizadoras, normativas y reguladoras del sector de Educación.

Respecto de esta decisión de omisión de su responsabilidad constitucional pagan el costo decenas de miles de estudiantes de la Educación Superior privada y, en particular, respecto de esta ausencia de decisión, asumen un elevadísimo costo las familias de los estudiantes de la Universidad del Mar.

Por eso, respaldo la acusación constitucional.