Caso muebles: PDI señala que “las mesas eran de tan baja calidad, que se desprendían las bases de madera”
En la audiencia de hoy del juicio por el Caso Muebles, la Fiscalía presentó su segundo testigo: el funcionario de la Policía de Investigaciones Esteban González, quien participó los primeros años de la investigación como miembro de la Brigada de Delitos Económicos de Iquique.
El policía explicó que le correspondió tomar declaración a los directores de los establecimientos educaciones de Arica e Iquique, que serían beneficiados con los proyectos de adquisición de mobiliario. Es así como en Arica entrevistó a 36 directores y en Iquique a 16, todos quienes señalaron la evidente baja calidad de los muebles recibidos.
González indicó que él mismo revisó varios muebles, confirmando los problemas de calidad, por ejemplo, que las bases de las mesas se despegaban del fierro, que algunas “patas” eran más cortas que las otras, que las sillas no tenían las curvaturas para la espalda y que los bordes de las mesas eran en punta. “A simple vista se notaba que el armado de los muebles era malo, ya sea porque se hizo a la rápida o porque no se usaron los materiales que correspondían”, afirmó.
Agregó que algunos colegios prefirieron guardar este mobiliario y seguir ocupando el antiguo, y que otros, como la Escuela Chipana en Iquique y 15 colegios en Arica no recibieron ningún mueble.
El funcionario también recalcó que cuando iniciaron la investigación -a raíz de la querella presentada por los consejeros regionales-, sólo tenían unas fotocopias de las actas de entrega de muebles en Arica, con fechas entre diciembre de 2007 y enero de 2008, y que contaban con la firma y timbre de Erick Barrios. Sin embargo, explicó que se pudo comprobar que esas actas eran falsas, porque mostraban la entrega de muebles en colegios que nunca recibieron mobiliario y en fechas en las que posteriormente se supo que todavía Cánepa no entregaba nada.
Además, posteriormente (octubre 2009), el abogado William Miles entregó 29 actas originales que habrían sido aportadas por Jorge Jacobs, las cuales no tenían fechas, pero sí las firmas del acusado Barrios. Consultado por la Fiscalía sobre si se había podido establecer qué actas fueron usadas por Cánepa para requerir los pagos del Gobierno Regional, el policía indicó que sólo se sabe que o se ocuparon las actas falsas o se pagó sin actas, ya que las actas originales no tienen fechas.
El funcionario agregó que Jorge Jacobs, como encargado de los proyectos, y Freddy Casareggio, como jefe de la División de Análisis, Control y Gestión del Gobierno Regional, debían velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mobiliario que se estaba entregando y que además, se pagó.