Diputada Isasi es nombrada como integrante de la Comisión que investigará el Plan Frontera Norte
Esta semana en la Cámara Baja se conformó la comisión que investigará el Plan Frontera Norte, creado por el gobierno, siendo una de las integrantes la diputada regionalista e independiente, Marta Isasi.
“Hemos constituido la comisión que investigará este plan, del cual fui elegida como miembro, para hacer un fuerte trabajo de fiscalización respecto de los recursos que se invirtieron con la compra de material y transporte sofisticado, destinado a desbaratar las redes del narcotráfico en las regiones del norte de Chile”, dijo.
Agregó que “queremos programas destinados a mejorar la seguridad de nuestros vecinos, por lo mismo creo que formar una instancia de este tipo ayudará a despejar qué pasó con la compra de estos materiales y las grandes inversiones que se hicieron”.
Recordemos que por 55 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, la Cámara aprobó la petición de 49 diputados, que solicitaron la creación de esta comisión la que indagará este plan, cuyo objetivo es evitar el ingreso y salida de droga y contrabando del país a través de diferentes puntos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
En la solicitud, los diputados explican que el Plan Frontera Norte, de acuerdo a lo anunciado en 2011 por los entonces ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de Defensa, Andrés Allamand, representaría una inversión de U$ 70 millones hasta el 2014.
Posteriormente, el Gobierno anunció la compra de 3 aeronaves Cirrus SR-22 para fortalecer el combate al narcotráfico y al contrabando en la frontera con Argentina, Perú y Bolivia, donde las dificultades geográficas y climáticas obstaculizan la labor de control de las policías.
El texto de la petición dice que “durante los primeros días de octubre del presente año el país ha podido observar cómo la prensa ha difundido investigaciones e informaciones sobre posibles irregularidades en la compra de los equipamientos para la implementación del Plan Frontera Norte”.
Se agrega que a raíz de estas informaciones han renunciado altos funcionarios del Ministerio del Interior ligados a la implementación del plan y encargados de la lucha contra el crimen organizado. Además, “se han conocido una serie de correos y declaraciones que podrían hacer presumir la existencia de ilícitos en la adquisición de estos equipamientos, lo cual ha provocado la natural alarma en nuestra población”.
En razón de ello, se pide que la Comisión Investigadora determine responsabilidades políticas y administrativas de organismos gubernamentales, establecer programas de compra, montos comprometidos, metas cumplidas, eventuales irregularidades en la adquisición de materiales, razones de las renuncias de autoridades del Ministerio del Interior, investigar el pago de sobreprecios en la compra de materiales para el control del narcotráfico, eventual cohecho a funcionarios públicos, pérdida de drogas en decomisos policiales y judiciales y responsabilidad del Ministerio del Interior en el uso de la fuerza pública para controlar el movimiento social indígena a partir del año 2010.
Para el cumplimiento de este propósito, la Comisión Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.